Diario EL PAÍS. Editorial “La reforma es ahora” (08/10/2010)
El argumento que se desarrolla en este editorial de “El País” puede esquematizarse de la siguiente forma:
Premisa 1: El gasto en pensiones se duplicará en las próximas décadas.
Premisa 2: El número de cotizantes disminuirá en ese mismo periodo.
Conclusión A: El actual modelo de pensiones debe cambiar, pues con la regulación actual es financieramente insostenible (no hay equilibrio entre las salidas de fondos y las entradas de fondos).
Conclusión B: Con vistas al futuro hay que disminuir las salidas de fondos.
Conclusión C: Hay que ampliar el periodo de cómputo de la pensión y/o hay que retrasar la edad de jubilación.
De eso, que el editorial da por incontrovertible, se extrae la opinión que se recoge en el titular: hay que hacerlo de todas formas, así que hagámoslo cuanto antes.
La argumentación del editorialista de “El País” es falaz; en concreto utiliza la falacia conocida como “olvido de alternativas”. Y aún peor, pues, para empezar, la conclusión A no se deduce de las dos premisas; la premisa 1 establece que va a aumentar la salida de fondos; pero de la premisa 2 no se sigue que vayan a disminuir las entradas de fondos, como quiere el editorialista. Pues bien puede disminuir el número de cotizantes aumentando el volumen de ingresos; basta para ello con que las cuotas se incrementen: si 3 personas cotizan 200 cada una se obtienen 600, y si 2 personas cotizan 350 cada una se obtienen 700; es decir, más ingreso con menos cotizantes.
La alternativa que ha “olvidado” el editorialista es que no hay por qué, necesariamente, reducir las prestaciones de las pensiones (reduciendo su cuantía mediante el aumento del periodo de cómputo o reduciendo el periodo de percepción retrasando la edad en que se empiezan a percibir): queda aún abierta la vía al aumento de los ingresos. Y este aumento tampoco quedaría agotado por la opción de subir las cotizaciones sociales: podrían aumentarse los ingresos con cargo a los presupuestos del Estado (es decir, financiar el incremento de gasto en pensiones con impuestos u otros ingresos tributarios).
Contra la conclusión indefectible que el editorialista extrae de sus premisas, se presenta como único contraargumento el de los “partidos y sindicatos que entienden las condiciones actuales como derechos adquiridos, con independencia de la solvencia financiera del sistema de reparto”. Contraargumento que el editorialista se quita de encima de forma argumentativamente inaceptable: “de nada sirve el argumento”, pues se tendría que financiar “con más impuestos pagados por los trabajadores”. Y eso ya es, sencillamente, falso: ¿no hay ciudadanos no trabajadores que también pagan impuestos? ¿No podrían implantarse (o incrementarse) impuestos sobre las rentas y ganancias del capital?
